El pasado viernes (05/07/2013) el Consejo de Ministros aprobó ayer definitivamente el proyecto de Ley de Garantía de Unidad de Mercado, un texto que, desde el punto de vista del Gobierno, «simplificará la vida de las empresas». Desde aquí os hacemos 5 céntimos de que consiste esta ley y de las principales reacciones por parte de la Patronal, las Cámaras de Comercio, los Autónomos y las principales Administraciones Públicas que han dado su opinión sobre esta ley.
El texto consagra los principios de licencia única y «legislación de origen», según los cuales cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica podrá ser ofrecido en cualquier punto del territorio español sin necesidad de modificación o trámite adicional, excepto los que se justifiquen por razones de salud, medio ambiente o seguridad.
El «pasaporte único» – según la expresión utilizada ayer por el ministro de Economía, Luis de Guindos – pretende eliminar los empresarios el coste de tener que someterse a 17 legislaciones diferentes para poder operar en todo el territorio español. Se mantiene, no obstante, el principio de «legislación de destino» para los requisitos al ejercicio de la actividad. Es decir, con la licencia de agencia publicitaria obtenida en Cataluña, por ejemplo, se podrá operar en toda España (principio de legislación de origen). Pero si, además, una comunidad exige que los servicios de publicidad se desarrollen en su lengua autonómica (gallego, por ejemplo), esta agencia deberá atenerse a la legislación de destino.
Desde que se aprobó el borrador de la ley, en enero, hasta la aprobación del proyecto, ayer, el Gobierno ha recibido informes y opiniones de numerosos organismos e instituciones.
El ministro dijo que, hasta ahora, se han identificado alrededor de 6.000 normas estatales, autonómicas y locales, de diverso rango, con disposiciones contrarias al principio de unidad de mercado que deberán solucionarse. La compensación de estas normas se abordará en las comisiones sectoriales que reúnen los representantes de los gobiernos central y autonómicos.
Además, la ley crea el Consejo para la Unidad de Mercado, que estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, y su trabajo será impulsar los cambios normativos para eliminar obstáculos. Cada comunidad deberá informar de las normas que prevé adoptar para regular el ejercicio de actividades económicas. Las otras comunidades podrán alegar si el texto es conforme o no con los principios de la nueva ley. El ministro Montoro actuará de árbitro.
Principales reacciones a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado
Patronales
La CEOE y Cepyme celebraron la aprobación del proyecto de Ley de Garantías de Unidad de Mercado para «ayudará a la recuperación económica», y por este motivo han pedido que no haya retrasos en su tramitación. Las dos confederaciones afirmaron que «todos los pasos que se hagan para reducir la dispersión y profusión legislativa son positivos» «, ya que según estos la fragmentación actual resulta» muy difícil de asumir «para las empresas. La patronal de las grandes empresas de distribución Anged la califica de primer paso «fundamental» para racionalizar todas aquellas normas que directa o indirectamente repercuten en la actividad de las empresas.
Cámaras
Las Cámaras de Comercio aseguraron que la ley acabará con la fragmentación del mercado, especialmente en la regulación que afecta a las pymes, lo que supondrá un paso decisivo para la competitividad de la economía española.
Autónomos
Las organizaciones de autónomos ATA, UATAE y OPA consideran que la legislación ayudará a solucionar el «desbarajuste normativo» entre las diferentes administraciones a la hora de abrir un negocio en España.
Administraciones Autonómicas
La Generalidad de Cataluña cree que el texto aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros no es un instrumento para estimular la economía, sino que más bien se trata de un instrumento que modifica significativamente el sistema de distribución competencial del estado autonómico, la Generalidad afirma que «con la excusa de dinamizar la economía, se pretende anular la capacidad legislativa y de ejecución de las comunidades autónomas».
Por otra parte, la Junta de Andalucía, a través de la Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales cree que la medida invade competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma y de las entidades locales y que supone «un auténtico atentado «la protección de los consumidores y usuarios.
El resto de Gobiernos autonómicos ven la Ley como beneficiosa para sus regiones.